Controversial…
Biometría, discurso a modo
Ricardo Anaya (PAN) y su doble rasero
Por: Raúl Sabido
En los tiempos que corren, pocas cosas revelan tanto como las contradicciones. Y en política, estas no solo abundan, sino que se repiten con puntualidad quirúrgica. Una de ellas surge cuando hablamos de la privacidad, la vigilancia del estado y los datos biométricos. Y no solo importa lo que se dice, sino quién lo dice.
Estados Unidos ha construido uno de los sistemas de identificación biométrica más amplios y sofisticados del mundo. Lo ha hecho en nombre de la seguridad nacional, el control migratorio y la prevención del terrorismo.
Este sistema no solo aplica a turistas o migrantes, sino también a ciudadanos que voluntariamente se integran a ciertos programas de seguridad. Quien vive, o quiere vivir, en EE.UU. debe someterse a esquemas de control, identificación y seguimiento. Aceptarlo es parte del paquete, independientemente de los datos biométricos que aportan los ciudadanos en trámites federales y estatales, bancarios y financieros.
Las personas que ingresan legalmente al país, ya sea como visitantes, residentes o solicitantes de asilo, deben someterse a procesos de recolección de datos: huellas digitales, escaneo facial, firmas, formularios. Es obligatorio, sistemático y parte de las reglas del juego.
Por eso, cuando ciertas voces en México condenan estos mecanismos como violaciones a la privacidad o prácticas propias de regímenes autoritarios, conviene preguntarse: ¿cuándo una crítica se vuelve selectiva? ¿Por qué callamos ante estos controles cuando los ejerce un gobierno extranjero que “nos protege”, pero los denunciamos como atropello si los propone nuestro propio gobierno?
El caso de Ricardo Anaya (PAN)
Ricardo Anaya, líder panista y hoy senador plurinominal, se refugió durante seis años en Estados Unidos. Para hacerlo, y mantener un estatus migratorio legal, debió someterse, como cualquier extranjero, a los procedimientos biométricos y de seguridad establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional. No hay forma de residir legalmente en EE.UU. sin dejar rastro digital: huellas, rostro, formularios, seguimiento. No es optativo, es estructural.
Y, sin embargo, el mismo Ricardo Anaya ha descalificado el uso de la biometría para la seguridad en México como una amenaza a los derechos ciudadanos. ¿Entonces? Si estos mecanismos eran inaceptables, ¿por qué aceptarlos y beneficiarse de ellos durante algún tiempo? ¿O será que se consideran legítimos en Washington, pero inaceptables en la Ciudad de México?
El debate sobre la biometría merece una discusión seria, técnica y honesta. Pero para ello, es necesario dejar de usar el discurso de la privacidad como arma coyuntural o trinchera partidista. Si algo necesita la política mexicana hoy no es más escándalo sino más coherencia, porque esta, como la biometría, también deja huella.
Cuando la coherencia se vuelve incómoda
El uso de biometría para fines de seguridad no es exclusivo ni novedoso. Lo preocupante no es su aplicación técnica, sino el discurso frágil de quienes lo denuncian como amenaza tras haberlo aceptado (e incluso usufructuado) en contextos más convenientes.
La memoria política suele ser selectiva. La huella digital, no.
Si queremos un debate serio sobre la privacidad y los límites del poder del estado, empecemos por exigir integridad discursiva. No se puede condenar como totalitario aquello que se aceptó voluntariamente desde la comodidad de otro sistema. Esa contradicción no revela principios, sino carencia de autocrítica y responsabilidad.
Estados Unidos no es la excepción
El uso de datos biométricos para la seguridad como política pública es tendencia global. La Unión Europea ya opera con pasaportes biométricos y bases de datos compartidas para control fronterizo. India ha registrado los datos biométricos de más de mil millones de personas con el sistema Aadhaar. China avanza aún más con vigilancia facial masiva. Uruguay, Canadá, Australia, Japón, Brasil todos incorporan biometría en trámites oficiales, migración o servicios financieros.
Por eso, acusar a México de “excesos” por explorar mecanismos similares, sin reconocer el contexto global, es distorsionar el debate. La cuestión no es si se utiliza biometría, sino cómo se usa, con qué garantías y bajo qué principios democráticos.
Biometría en seguridad: soberanía digital
En un mundo de amenazas transnacionales, donde las identidades se falsifican con un clic, los datos biométricos se han vuelto clave para la seguridad nacional. No se trata solo de tecnología, sino de soberanía. Verificar identidades, prevenir fraudes, detectar riesgos, ubicar criminales, proteger fronteras y, negar su utilidad, es negar la realidad.
La oposición y su negativa
La oposición, con figuras como Ricardo Anaya al frente, ha intentado bloquear reformas clave en esta materia. Y eso plantea una pregunta incómoda:
¿A quién termina beneficiando esa negativa?
Porque, en la práctica, protege a los criminales intocables, a los corruptos impunes, a los defraudadores, narcoterroristas y a quienes siguen evadiendo al estado sin consecuencias y sobre todo, lacerando a la sociedad.
El debate no es si deben usarse estos instrumentos. El verdadero debate es cómo garantizar que su uso sea legítimo, proporcional y respetuoso de los derechos humanos siendo esta una responsabilidad del estado mexicano que por ahí debería ser la propuesta y no el rechazo, recordando que el PAN y el PRI fueron gobierno y se puede considerar que temen lo que ellos aplicaron como gobierno pero desde la ilegalidad.
Las bases de datos biométricos las tienen los bancos, las casa de bolsas, las financieras, el INE, la SRE, SHCP, etc.
¿A qué se teme con la integralidad?
Porque en la era digital, la seguridad no se opone a la libertad… la exige.
