HABLANDO Y ESCRIBIENDO
Ernesto Avilés Mercado
El asesinato de CARLOS MANZO RODRIGUEZ, no fue sólo un crimen político, fue un acto de terror que desnudó una vez más la fragilidad del estado mexicano frente al crimen organizado.
Manso no era un político tradicional, fue electo con más del 66% de los votos como candidato independiente, representaba una ciudadanía harta de partidos, de pactos oscuros y de simulaciones, su figura encarnaba la esperanza de que la seguridad y la dignidad volverían a ser prioridad, pero lo mataron, lo mataron frente a su familia en una plaza pública durante una celebración del Día de Muertos y con él intentaron asesinar también la idea de que otro México es posible.
Sin embargo lo que provocaron, fue una ola de indignación que no se apaga; jóvenes comerciantes, estudiantes y familias, han salido a las calles de Michoacán a exigir justicia y a gritar que no se callarán.
Este crimen no es un hecho aislado, es el síntoma de un sistema corroído, vetusto e inoperante.
Michoacán estrena su octavo plan de seguridad en años y ninguno ha funcionado, porque el cáncer no está en la superficie, está incrustado en las instituciones, en los mandos de seguridad que pactan complicidades, en los gobernantes que entregan activos al crimen y solo administran lo que les sobra.
La ineficacia estructural se agrava cuando el cumplimiento del deber se subordina a la ambición política.
En Chihuahua, más del 65% de la población vive en condiciones de incertidumbre, zozobra y miedo. La violencia no cede, la impunidad se normaliza, y la ciudadanía se siente abandonada por un aparato de seguridad que ha priorizado la propaganda sobre los resultados.
La Torre Centinela, emblema del supuesto “blindaje tecnológico” del estado, ha pasado de ser una promesa de seguridad a un símbolo de opacidad y despilfarro. Su costo inicial se ha disparado, generando fuertes críticas por presuntos sobreprecios, y su entrega ha sido postergada hasta 2026, sin que se rindan cuentas claras a la ciudadanía.
La inseguridad persiste mientras el responsable de la seguridad Gilberto Loya y Cesar Jauregui Moreno en la procuración de justicia se proyectan para una candidatura sin antes rendir cuentas completas sobre su encargo.
Es la demostración de que para una parte de la clase política el cargo es la plataforma personal antes que un juramento de servicio a la comunidad.
No se cuestiona su derecho a aspirar, pero sí su deber de cumplir primero con el encargo que protestaron.
Es necesario que el dinero público deje de financiar privilegios opacos y se dirija con transparencia y urgencia a los pilares de la dignidad social como son la construcción de más hospitales, escuelas presas y caminos.
El coraje nacido de la tragedia de manso y la persistente indignación en estados como Chihuahua, en la señal más clara de que la voz de denuncia no puede ser un murmullo de complacencia, debe ser un grito organizado que sacude conciencias, que haga de la corresponsabilidad la única ruta y que cimiente la posibilidad de otro México desde la verdad innegociable.
El mayor homenaje a Carlos Manzo es la transformación del dolor en una acción cívica incansable que nos permite entender que después de tanta violencia existe un porvenir mejor donde unidos podemos construir un mejor país para todos.
En este contexto, MORENA también juega su carta política. Con la reforma al artículo 65 constitucional, impulsada por el legislador Alfonso Ramírez Cuéllar, se pretende incorporar la revocación de mandato en las elecciones intermedias, lo que permitiría incluir a la presidenta en las boletas y asegurarle a su partido una ventaja electoral artificial.
Además, como lo ha adelantado la presidenta de MORENA, Rosa Maria Alcalde Luján, en 2026 los candidatos a las gubernaturas serán nombrados como “defensores de la Cuarta Transformación”, lo que les permitirá encabezar acciones de apoyo social y proselitismo institucionalun año antes del proceso electoral, aprovechando los programas de gobierno para posicionarse políticamente.
Todo esto configura un escenario de competencia desigual, uso faccioso de los recursos públicos y debilitamiento democrático. En contraste, el candidato natural del PAN a la gubernatura, sigue siendoMarco Bonilla, quien ha demostrado capacidad de gestión, cercanía con la ciudadanía y resultados tangibles.
Es momento de alzar la voz. Chihuahua no puede seguir siendo rehén de la simulación, la propaganda y el oportunismo. La ciudadanía merece seguridad real, instituciones imparciales y elecciones limpias.
*ABOGADO LITIGANTE, MIEMBRO DE LA FECHCA Y DE LA AECHIH, E INTEGRANTE DEL COLEGIO DE JURISTAS “JORGE HIGINIO MAZPULEZ PEREZ”
