HABLANDO Y ESCRIBIENDO
Ernesto Avilés Mercado
Las recientes revelaciones del auditor superior del estado, Héctor Alberto Acosta Félix, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso local, colocan nuevamente al proyecto Centinela en el centro del debate público. Lo que se presentó como la apuesta tecnológica más ambiciosa de esta administración —un sistema integral de vigilancia, infraestructura y reacción— hoy aparece marcado por incumplimientos, retrasos y sanciones millonarias que obligan a replantear su viabilidad.
Las auditorías forense y financiera correspondientes a las cuentas públicas de 2023 y 2024 documentan irregularidades que no pueden minimizarse. La empresa responsable, Seguritech Privada S.A. de C.V., acumula 98.4 millones de pesos en penas convencionales y deductivas, derivadas de bienes y servicios no entregados en tiempo y forma.
La lista es contundente: arcos carreteros, cámaras, drones, filtros, tabletas, subcentros regionales y equipamiento estratégico que simplemente no llegó o no se instaló.
A ello se suman retrasos en la Torre Centinela y modificaciones al proyecto original sin sustento jurídico suficiente. Todo esto dentro de un contrato plurianual que supera y por mucho, los 4,700 millones de pesos.
El auditor fue claro: el proyecto avanza con rezagos significativos, pero al estar vigente, aún es posible corregir. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal ha retenido pagos y ha atendido observaciones, lo cual es positivo, pero insuficiente para disipar la preocupación ciudadana.
Centinela nació como la gran promesa de modernización en seguridad pública.
Sin embargo, la realidad muestra un proyecto que consume recursos sin entregar resultados proporcionales, prácticamente un barril sin fondo.
La ciudadanía observa con inquietud cómo la infraestructura prometida no se materializa, mientras la inseguridad continúa golpeando a amplias regiones del estado.
La crítica no es menor: un proyecto de esta magnitud debía estar blindado técnica, jurídica y operativamente, y hoy enfrenta cuestionamientos que comprometen su credibilidad.
A este escenario se suma un elemento que no puede ignorarse: la percepción pública de que el titular de la SSPE, Gilberto Loya, ha dedicado más energía a su precandidatura que a la culminación del proyecto que él mismo presentó como insignia ante la gobernadora Maru Campos.
La ciudadanía no exige perfección, pero sí coherencia, responsabilidad y resultados.
El otorgamiento directo del contrato —justificado por tratarse de obra de seguridad estatal— obliga a un escrutinio aún mayor.
Si no hubiera competencia, debía haber excelencia.
Si no hubo licitación, debía haber cumplimiento impecable.
Hoy, ni una ni otra están garantizadas.
Mientras las auditorías exhiben retrasos, incumplimientos y sanciones millonarias, los ayuntamientos de Chihuahua —grandes y pequeños, del norte y del sur— empiezan a levantar la voz. Reclaman lo que se les prometió: un sistema que reforzaría la seguridad municipal, que integraría tecnología de punta y que permitiría reaccionar con mayor rapidez ante la violencia que golpea a sus comunidades.
Pero la realidad es otra. Los municipios siguen esperando cámaras, arcos, subcentros y equipamiento que nunca llegó o llegó tarde. Y en ese vacío, la criminalidad no espera.
A esta exigencia municipal se suma un silencio que pesa: el de los liderazgos partidistas, que durante meses defendieron el proyecto como si fuera la solución definitiva, pero que hoy, frente a los hallazgos de la Auditoría Superior, prefieren guardar distancia.
Ese mutismo no sólo desconcierta: indigna.
Porque cuando se trata de seguridad pública, no hay colores, no hay cálculos, no hay tiempos electorales que valgan. Hay responsabilidades.
Y en medio de todo, está la ciudadanía. Una ciudadanía que ya no escucha discursos, que ya no cree en promesas tecnológicas, que ya no se impresiona con torres, pantallas o drones anunciados en conferencias de prensa.
La gente quiere resultados, quiere seguridad real, quiere instituciones que funcionen.
Y hoy, esa confianza está lejos.
El proyecto Centinela aún puede corregirse, sí.
Pero solo si se asume con seriedad, con transparencia y con un liderazgo que deje de mirar al calendario electoral y vuelva a mirar al estado que juró proteger.
Porque al final, la seguridad no se construye con discursos ni con maquetas.
Se construye con hechos.
Y esos hechos, hoy, siguen pendientes.
Chihuahua no necesita más anuncios: necesita respuestas, necesita cumplimiento y necesita respeto a la inteligencia de su gente.
*ABOGADO LITIGANTE, MIEMBRO DE LA FECHCA, SOCIO DEL COLEGIO DE JURISTAS DE CHIHUAHUA “JORGE HIGINIO MAZPULEZ PÈREZ” E INTEGRANTE DE LA AECHICH.
